Contraloría ordena a Municipio invalidar contrato y suspender pagos a Citelum

Abogado municipal asegura que todo está en regla y presentarán Recurso:

Un nuevo escenario es el que se observa en la Municipalidad de San Felipe después de un largo y controversial proceso con el que se buscó destituir de su cargo al alcalde Patricio Freire, tras emitirse la tarde de este martes el Dictamen Nº E3716/2020 por parte de la Contraloría Regional de Valparaíso. De dicho documento se desprende que hasta el despacho contralor acudió una persona, bajo reserva de identidad, solicitando un pronunciamiento acerca de la legalidad del contrato de transacción suscrito entre la Municipalidad y la empresa Citeluz Chile Servicios de Iluminación Urbana S.A., (hoy, Citelum Chile Servicios de Iluminación Urbana S.A.).

ABSOLUTA Y SIMPLE

En este proceso judicial el Municipio acordó, con el fin de evitar un eventual juicio en su contra, pagar la suma de $1.532 millones ($1.532.708.816), en 72 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $21.287.622 cada una, a Citeluz, cuya aprobación previa por el Concejo Municipal se sostiene en un acuerdo que no cumplió con el quórum de dos tercios exigido en la Orgánica Constitucional de Municipalidades, por tratarse de un contrato cuyos montos a pagar exceden el período alcaldicio, debería existir una votación en este caso de la Mayoría Absoluta o Quórum Especial, o sea, 5 votos, pues la votación obtenida en ese momento fue de 4 votos, Mayoría Simple.

Pese a estas exigencias acerca del Quórum Especial, el Municipio asegura que todo estaría en regla con esos 4 votos, pues la licitación y adjudicación se realizaron previamente a esta votación, o sea, que cuando los concejales en la época de Jaime Amar como alcalde, votaron por esta contratación, en ese momento sí se manejó todo en regla a esta exigencia, y que según la Contraloría no obliga en la actualidad al Municipio a someterse a este perfil.

«BUSCO TRANSPARENCIA»

Diario El Trabajo habló ayer miércoles con el concejal sanfelipeño Christian Beals, quien ha liderado el proceso, asegurando que él lo que persigue es la transparencia en todo el accionar municipal y en especial con el tema de finanzas, tras conocer el Dictamen NºE3716 / 2020 nos comentó que «el día 15 de enero del presente año solicité la invalidación del Decreto Alcaldicio N°3.602 del 22 de junio del año 2018 a la Contraloría Regional de Valparaíso, con la Empresa Citelum, por no tener el Quórum requerido por ley para extender este contrato a la próxima administración, para lo cual se requiere Mayoría Absoluta y no Simple, es decir 5 votos, incluyendo al alcalde, éste fue aprobado con 4 votos. El día de ayer (martes) recibí el Dictamen en Ref. N°51.084/2020 que indica que la Municipalidad deberá iniciar proceso de invalidación del decreto alcaldicio según lo previsto en el artículo 53 de la ley N°19.880, con un plazo de 30 días. Además, debe iniciar un proceso disciplinario en contra de quienes fueron los responsables otorgando el mismo plazo. Respecto del pago de $1.532.708.816, acordada realizar por el Municipio a la Empresa en 72 cuotas mensuales, deberá la Municipalidad remitir un informe confeccionado por la unidad Municipal a cargo de la inspección técnica del contrato, en que deberán detallarse las obras y servicios efectivamente ejecutados y los que faltaron por ejecutar, como de aquellos que no fueron prestados y de los pagos efectuados por el Municipio durante la ejecución del contrato, junto con indicar las multas cursadas al contratista y pagadas por la empresa. A través de las solicitudes N°110 del 21 de agosto de 2018, la N°112 del 4 de septiembre de 2018, se le solicitó al alcalde dejar sin efecto el Decreto, y anteriormente di cuenta en la solicitud N°63 del 12 de diciembre de 2017 una serie de irregularidades en relación al Contrato de la Empresa Citeluz, hoy Citelum, las cuales no fueron respondidas. Yo lo que busco es que haya transparencia en todo el accionar del Municipio y en especial en lo referente a las finanzas, aquí no se busca destituir a Freire, pero su cargo sí lo puede perder por Abandono de Deberes después en el TER», indicó Beals a Diario El Trabajo.

CONTRALORÍA ORDENA

Ahora bien, ¿qué es en esencia lo que ordena la Contraloría Regional de Valparaíso al Municipio de San Felipe? En palabras simples la Municipalidad de San Felipe debería iniciar un Procedimiento de Invalidación, informando documentadamente de la decisión adoptada a esta Contraloría Regional dentro del plazo de 30 días, desde la recepción del pronunciamiento.

De igual forma, dicha casa edilicia deberá iniciar la tramitación de un procedimiento disciplinario en contra de quienes intervinieron, o bien, debiendo de hacerlo, se abstuvieron, en la adopción de un acuerdo ilegal que significó que la manifestación de voluntad de la municipalidad para suscribir la referida escritura pública de transacción estuviere viciada, a objeto de hacer efectivas las responsabilidades administrativas.

MUNICIPIO RESPONDE

Diario El Trabajo también habló con el abogado de la Municipalidad de San Felipe, Mauricio Mass, quien se pronunció de la siguiente manera: «Se ha tomado conocimiento extraoficial del contenido del Dictamen 51.084/2020 en que se señala la Municipalidad tendría que comenzar un procedimiento de invalidación de decreto que aprueba acuerdo del Concejo Municipal relacionado con transacción suscrita con empresa Citelum.

«El dictamen se origina en denuncia formulada anónimamente ante la Contraloría Regional, sobre la eventual ilegalidad del acuerdo adoptado en junio de 2018 relacionado con contrato de transacción, en el entendido de que se requería un quórum mayor por tratarse de obligaciones que excederían el periodo alcaldicio, esto es, se requeriría un quórum de 5 votos a favor y no 4 como en definitiva ocurrió, lo cual se aleja del criterio que fue comunicado por personeros de la misma Contraloría Regional, y en razón de ello se evalúa la presentación de un Recurso de Reconsideración ante la misma Contraloría Regional o de un Recurso Jerárquico ante la Contraloría General de la Republica, tendiente a la uniformidad del criterio a aplicar ante esta situación contradictoria de la Jurisprudencia Administrativa, sin perjuicio de recurrir también a la justicia ordinaria para que en juicio declarativo determine la interpretación de la norma legal en este caso concreto», dijo Mass.

– ¿Cómo pueden entender entonces los sanfelipeños esta multiplicidad de versiones e interpretaciones de este Dictamen?

– A fin de un mejor entendimiento del tema y para tranquilidad de la ciudadanía, dada por eso mismo a la multiplicidad de versiones e interpretaciones que ha surgido al respecto, ya por falta de conocimiento pero también de mala fe, extendiendo este dictamen a situaciones completamente inconexas, falsas y ciertamente con animosidad de causar daño o descredito más que ser un real aporte a la ciudad, sobre todo en periodo de emergencia sanitaria, en la que la mayoría de la población está abocada a superar de la mejor forma, corresponde clarificar que esto nace de un contrato de mantención y recambio de luminarias celebrado en el año 2012 en la anterior administración, que permitía el recambio de luminarias, y que en razón de su excesivo precio, fue modificado y rebajado en un 30% por esta administración, buscando un aprovechamiento efectivo y eficaz de recursos municipales.

– ¿Cuál es el o los problemas de este controversial contrato?

– El referido contrato manifestó problemas en su correcto cumplimiento, toda vez que la empresa, además de efectuar el recambio de luminarias, debía acreditar que dicho recambio producía un determinado ahorro en el gasto por consumo del alumbrado público. En razón de que dicho ahorro sólo fue acreditado por la empresa Citelum a finales de 2017 e inicios de 2018, la Municipalidad se abstuvo de efectuar todo pago relacionado con dichas instalaciones, pago que según el contrato inicial, debía realizarse desde octubre de 2012, razón por la cual obviamente se produjo una deuda por arrastre de esas cuotas que no fueron pagadas y que por tanto al tratarse de trabajo ya realizado por la empresa, la Municipalidad debía obligatoriamente pagar. En razón de esto, y para dar correcto término al contrato de 2012, se celebró este contrato de transacción con la empresa a fin de regularizar dicho pago y también aquellas obras que no se realizaron, ya sea por no ser necesarias ya sea por la obsolescencia del propio sistema.

– ¿Entonces esta es una deuda de la administración de Jaime Amar?

– Por lo mismo, y no como ha sido maliciosamente presentado ante la opinión pública, no se trata de un nuevo endeudamiento por el monto que se señala, sino la forma de pago de una deuda ya existente, la que se pactó en cuotas sin intereses y reajustes, y al mismo precio de la valorización efectuada en la oferta económica del año 2012, resguardándose así los intereses de las arcas municipales.

– ¿Qué representa entonces este Dictamen de la Contraloría?

– Ahora bien, referido al mismo Dictamen último, éste manifiesta varias contradicciones, que manifiestan desde ya el hecho de que, al menos esta última oportunidad se realizó sin la totalidad de los antecedentes que la Contraloría ya tenía en su poder aún antes de la celebración del contrato de transacción, esto por cuanto la unidad jurídica trabajó en forma coordinada con la misma contraloría, y porque la misma Contraloría realizó una revisión exhaustiva de la ejecución del mismo contrato, por lo que llama la atención que se requieran antecedentes que ya están sobradamente en poder de la Contraloría Regional, como es el caso de la existencia de multas y valorización del contrato. En síntesis, este es un tema que ya está prácticamente agotado en su discusión, aun cuando se trate de resucitar con fines personales y eventualmente hasta electorales, razón por la cual se ejercerán las acciones y recursos correspondientes ante instancias administrativas y judiciales tendientes a aclarar la situación en pro de la transparencia y obtener la revocación o modificación de este último Dictamen desde ya contradictorio.

Roberto González Short

Concejal sanfelipeño Christian Beals.

Mauricio Mass Santibáñez, abogado de la Municipalidad.