Frustración en Jahuel tras decisión de Gobernadora de no paralizar faena minera

La comunidad de Jahuel se mostró bastante frustrada por la decisión de la gobernadora, a pesar de que contaban con pruebas suficientes para paralizar la faena minera.

Un gran sentimiento de frustración se vivió en Jahuel el viernes pasado, cuando se realizó la asamblea abierta donde la Gobernadora Patricia Boffa se excusó de paralizar las faenas mineras debido a una sutil interpretación de la ley que supuestamente no le habría permitido hacerlo.

La verdad es que la ley establece que ninguna faena minera debe situarse a menos de 50 metros de un curso o fuente de agua, pero la Gobernadora no tomó la decisión de cerrar la minera debido a que, según la discutible interpretación de sus asesores, la ley podría estimar la palabra faena como extracción, pese a que la RAE (diccionario que rige las discrepancias judiciales en Chile) en sus nueve acepciones no contempla nada parecido a extracción.

Como sea, la extracción como tal tiene dos puntos, uno a 18 metros del agua y otro a 170 metros, pero el campamento minero se sitúa a menos de 50 metros y el lugar de acopio del material estéril se mantiene a 18 metros del curso del vital elemento, y está claro que la minera, para trabajar, debe tener camiones, camionetas y maquinaria pasando por y dentro del agua del estero La Laja.

La realidad es que en general, la gente de Jahuel se sintió bastante frustrada ya que no vieron una acción concreta a pesar de todas las pruebas mostradas.

Rubén Muñoz, Presidente de la comunidad de Campo y la directiva en general, estimaron que se mostraron pruebas suficientes como para tomar una decisión, pero no se hizo.

Según el vocero de la Comunidad de Campo, Roberto Mercado, «la minera había sido sancionada con el decreto exento 2667 de la Dirección Nacional de Aguas del 25 de Oct. de 2011, demostrando que todos los temores de la gente estaban comprobados con esta sanción: Desvío de cauce, obstrucción de caudal y usurpación de aguas superficiales, situación por la cual Minera Aguas Claras y Minera Paula deben restituir todo el daño ya hecho en un plazo perentorio de 15 días; a su vez se les remite al juzgado de letras de San Felipe para aplicación de las multas correspondientes y se abre una investigación por el delito de usurpación de agua en fiscalía. Asimismo -agrega Mercado- se demostró que en el Juzgado de Policía Local de Santa María, ambas mineras tienen cinco causas, una ya sancionada, dos en rebeldía, una con orden de arresto al representante legal de Minera Aguas Claras y otro proceso en curso.

«Con tal situación, se seguirá con acciones legales, políticas y populares para evitar la entrada de las mineras nuevamente, incluso el Alcalde Claudio Zurita dijo estar dispuesto a hablar con el mismo Presidente de la República si es necesario. El Diputado Gaspar Rivas continuará con un equipo jurídico experto tratando de revertir la situación ya que, a su juicio, existen claras violaciones a la ley. Y el Diputado Marco Antonio Núñez promueve una manifestación en la Intendencia y una reunión con el Intendente para tomar decisiones de una vez por todas. A su vez, la Comunidad de Campo, junto a los regantes y cooperativas y comités de agua potable, comenzarán una serie de acciones legales con un abogado experto en derecho minero, apoyados directamente por la municipalidad».