Presentan querella contra alcalde Beals por falsificación de instrumento público

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Dueño de clausurada planta de áridos Vargas:

Una querella por falsificación de documento público o auténtico fue presentada contra el alcalde Christian Beals Campos por parte de Sergio Vargas, empresario dedicado al rubro de los áridos.

La acción judicial fue presentada en el Tribunal de Garantía de San Felipe y fue declarada admisible luego que cumpliera los requisitos pertinentes.

Al respecto fue el abogado Fernando Castañeda Magna, representante del querellante, quien se refirió públicamente sobre esta acción, aclarando que era su deseo centrar esto en un debate estrictamente judicial; «no personal ni tampoco político, acá hay una cosa que se llama fe pública, que tiene que ver con un funcionario público que no puede faltar a la verdad en el otorgamiento de un acto. Acá en el fondo lo que yo estoy planteando es una cuestión seria, y en lo concreto, esto lo que persigue que vuelva el ‘Imperio del Derecho’, sobre todo en los tiempos que corren no puede ser y es peligroso que se falte a la verdad en el otorgamiento en un acto», dijo.

Explicó el abogado que todo esto surge a raíz que el concejal Mario Villanueva denuncia en una sesión del concejo municipal «que el señor Vargas estaba extrayendo áridos, cuestión que desde ya la niego y tal como lo ha establecido la propia contraloría», señaló Castañeda.

Por lo anterior se efectuó una fiscalización por dos funcionarios municipales sobre extracción de áridos en ese sector. El informe que va dirigido desde el departamento de fiscalización a Guillermo Orellana Castillo, director de Tránsito, indica que el motivo de la fiscalización a áridos Vargas es por la solicitud del concejal Mario Villanueva Jorquera.

El abogado entregó detalles del contenido del documento donde se señala lo siguiente: «Informamos a usted sobre visita inspectiva realizada hoy 22 del 10 de 2020 a las 15:00 horas en el sector de fundo La Peña, planta Áridos Vargas ubicada en el borde del río Aconcagua, en bien nacional de uso público, por inspectores señores Edinson Tapia Aguirre y Julio Fredes Fernández, en la camioneta Chevrolet Dimax patente JP TP-63. Al respecto se informa lo siguiente: que se recorrió el lugar en toda su extensión por la ribera del río Aconcagua, específicamente la oficina de compra y venta de áridos de propiedad de Sergio Vargas Huerta, Rut tanto, con domicilio en Parque Alameda, autorizada para funcionar con patente provisoria, la que se encuentra ubicada en el sector Estación, no se vieron máquinas trabajando en el lecho efectuando extracción de áridos. Por otra parte al momento de la fiscalización de la planta, esta se encuentra operativa desarrollando actividad industrial con maquinaria instalada en el lugar para la selección de material pétreo, no posee patente para este tipo de faenas y a la vista procesando material acopiado en el lugar sin patente para el desarrollo de esa actividad. A esa actividad se refieren al seleccionamiento de áridos, que es una cuestión totalmente discutible y que el mismo alcalde Beals ha señalado en la ordenanza 5 y 6 son totalmente contradictorias», señala Castañeda.

Prosigue reflexionando que «si toda la vida estos planteros han funcionado con una patente que históricamente le ha otorgado la municipalidad, ahora se discute por una situación de la Contraloría si requieren o no una patente industrial. Como te digo es discutible, eso es discutible, pero ese no es el fondo del asunto, el fondo es que el señor alcalde hace referencia a ese informe que tiene fecha 22 de octubre del 2020, y lo cita como que ese informe señaló que estaban extrayendo áridos, he ahí la falsedad ideológica, yo no lo puedo atribuir a unas personas que intervienen en un acto situaciones diferentes a las que han dicho», indica el abogado.

En esa línea el abogado Castañeda indicó que se está faltando a la verdad porque en el informe no aparece que se esté extrayendo áridos; «esto es equivalente a que un fiscal le diga al juez o que el juez emita una orden de detención con informe de la policía que sí acredite que cometió el delito, o más bien dice que no cometió el delito y el juez diga, ya lo voy a mandar detenido porque usted cometió este delito», señaló.

Fernando Castañeda Magna, abogado del querellante.
Fernando Castañeda Magna, abogado del querellante.